La rebelión condenada

Los lápices argentinos no dejan de escribir. Tampoco los chilenos. Los estudiantes volvieron a marchar de este lado de la Cordillera para recordar la lucha que sentenció a quienes  los precedieron en las aulas en plena dictadura. La noche de los lápices, un episodio que da cuenta de muchos otros que quizás no se sepan. En Santiago, también los estudiantes siguen marchando aunque los medios de aquí ya no elijan reflejarlo tanto. Por sobre las fronteras, las consignas convergen en torno a una idea en común: la relevancia de la educación como el instrumento de cambio por excelencia y la biológica irreverencia del espíritu juvenil que no claudica ante sus utopías.

A continuación, les dejo la nota sobre una de los rostros de la rebeldía chilena, Camila Vallejo, quizás el más promocionado aunque dista de ser solitario. Sus propias definiciones y las de quienes la conocen, sus orígenes e historia ayudan a entender el fuego de su lucha. Acompañando, la descripción del Golem que enfrentan: el lado oscuro de un sistema educativo que hace tiempo dejó en manos del mercado la formación de nuevas generaciones. Para leer, reflexionar, debatir y compartir. Abrazos!

La rebelión estudiantil está condenada. Cambiar las reglas de juego en la educación chilena es bajar la persiana al negocio de la “corporación financiera educativa”, un conglomerado en el cual banqueros, empresarios y políticos de todos los partidos comparten mesa. ¿Por qué la Concertación guarda silencio en medio de la convulsionada Santiago y apenas se escuchan voces menores condenando la represión? ¿Por qué Sebastián Piñera insiste en que la educación gratuita es un anhelo que no puede volverse realidad? A esta altura no se trata solo de una lucha ideológica y ni siquiera el discurso de la meritocracia basta para explicar por qué algunos aún defienden con uñas y dientes un sistema que deja en el camino a gran parte de los estudiantes y endeuda fuertemente al resto. Son negocios, después de todo.

Es falsa la idea que la movilización estudiantil es un tema de izquierda o derecha. En 2006, la Rebelión de los Pingüinos secundarios, sacaron a las calles el mismo reclamo frente al recién estrenado gobierno de Michelle Bachelet, primera mujer presidente de la Concertación y un cambio significativo para la política trasandina. Curioso giro del destino o lógico paso cronológico, es probable que muchos de aquellos “pingüinos” hoy se movilizan desde las aulas magnas. Otros, tal vez, ni siquiera hayan tenido la oportunidad de continuar sus estudios luego del secundario.

En definitiva, lo que ellos piden no es algo insólito en Chile. Antes de Pinochet, la educación gratuita era una realidad. Pero lo gratuito perjudica el negocio. Hoy, de las aproximadamente 60 universidades que existen en el país, el 60 por ciento de ellas fueron construidas en los últimos 30 años.  Tres cuartas partes de ellas se financian solo con las cuotas de sus estudiantes que pueden rondar entre los 300 y los 1200 dólares.  Veinticinco son las denominadas “tradicionales” por sus años de historia y excelencia  (Universidad de Chile, Católica, etc) Por recibir Aportes fiscales directos y ser acreedoras de créditos del estado a tasa blanda, ingresar a alguna de ellas es la gran aspiración del grueso de los jóvenes ya que no solo implica mejor calidad académica pero también menor deuda a futuro. 

Sin embargo, no se trata de voluntad solamente. Todos los  estudiantes deben rendir la denominada Prueba de Selección Universitaria al término de su cursada secundaria que les dará cierto promedio numérico. Y ahí reside el corazón de la exclusión del sistema. Las “tradicionalistas” ponderan este valor con mayor énfasis que el resto de las universidades y hay quienes justifican esta restricción en el mérito de los jóvenes y su predisposición al estudio.  Pero la meritocracia prueba su falencia cuando se parte de una base desigual. Jamás dos estudiantes desnivelados en su formación secundaria podrán competir en igualdad de condiciones por una matrícula universitaria. Y en un sistema secundario como el chileno donde la educación que no es privada absolutamente descansa en el financiamiento de los municipios (donde también se abonan cuotas), habrá distritos más ricos y más pobres que condicionarán, de antemano, el nivel educativo que recibirán los jóvenes. En definitiva, todo se reduce a quién puede pagar más para recibir un "bien" de mejor calidad.

Quienes no puedan acceder a las “tradicionales”, entonces no tendrán más alternativa que inclinarse por algunas de las otras privadas que, financiadas con el recurso de las cuotas, lanzan fuertes campañas de marketing para atraer aspirantes. Hoy las universidades son el 3er aportante en materia de publicidad en los medios de comunicación. Quizás eso explique en parte por qué haya medios que elijen focalizar en la superficialidad de los “encapuchados ” revoltosos antes que en las raíces del reclamo.

Sin embargo, en la campaña de atracción comercial no están solos. Los estudiantes que no puedan acceder  a los créditos del Fondo Solidario no tienen más opción entonces que recurrir a los bancos, donde los intereses son menos generosos. Para compensarlos, los hombres de gris les ofrecen además “paquetes” que incluyen tarjetas de crédito y cuentas personales. Los embriagan con tentaciones faustinas que, a la larga, demuestran ser un yugo de plomo cuando concluyen la carrera universitaria y descubren que pesa sobre ellos una deuda millonaria.

Por último, y quizás lo más importantes, los convidados de la política. La mercantilización de la educación universitaria chilena ha probado ser un negocio rentable que excede una concepción ideológica. Y del banquete participan todos, gobierno y oposición. ¿Cómo sino en 20 años de Concertación solo se pudieron cambiar algunas reglas de juego pero sin tocar la herida más profunda de todas que sigue gangrenando en la sociedad trasandina? En 2009, Bachelet logró impulsar una nueva Ley de educación a partir del reclamo de los “pingüinos”. Pero tampoco en su letra se afectó la no gratuidad del sistema. ¿El motivo? Los negocios de algunos políticos. Y aún así resulta irónico, cuando no sarcástico, que unos y otros escupan del otro lado de la cerca aduciendo su inocencia.

Hace poco, la UDI chilena, presentó un extenso documento sobre los vínculos de dirigentes de la Concertación con centros educativos. Entre los nombres más resonantes, figuraban algunos ex Ministros de Educación como Sergio Bittar (PPD) actualmente vinculado a la Universidad Mayor, Sergio Molina (DC), actual presidente de la Universidad Viña del Mar, Agustín Squella, ex asesor Cultural de Ricardo Lagos y hoy en el Consejo de la Univesidad Diego Portales, Eduardo Aninat (ex Ministro de Economía de Frei (h)) y miembro del Centro de Globalización aplicada y del Club Monesterio de la Universidad Fini Terrae, Julio Castro, ex jefe de educación Superior del Ministerio de Educación y rector de la Universidad Viña del Mar y Jorge Arrate (ex PS), titular de Educación en la presidencia de Aylwin luego vinculado entre 2003 y 2006 a la Corporación universitaria Arcis. La lista sigue.

Pero también la derecha en el gobierno tiene sus acciones educativas. Joaquín Lavín, ex Ministro de Educación cuando se encendieron las revueltas estudiantiles, fue uno de los fundadores y dueños de la Universidad del Desarrollo. Aunque asegura que se desvinculó de la institución al ser designado, hay denuncias que aún lo relacionan en los negocios inmobiliarios anexos junto al actual Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet. Además, el actual presidente del Consejo Directivo de la universidad es un UDI, último ministro de Educación de Pinochet, Hernán Büchi.

En la Universidad Mayor, otro funcionario pinochestista actúa como presidente del Consejo directivo, el ex canciller Ricardo García Rodríguez y el flamante vocero de Piñera y su primo, Andrés Chadwick, es vinculado a la Universidad Andrés Bello. Por supuesto, esta lista solo incluye a los funcionarios de primera línea. ¿Cuántos técnicos y cargos menores surgirán de abrir los libros contables de los altos claustros?

Es evidente a esta altura que el interés formativo dista de ser el único interés de las universidades. Por disposición legal, sus inmuebles están exentos de contribuciones de bienes raíces. De ahí que muchas sociedades anónimas detrás de sus accionistas incluyan a empresas del sector inmobiliario que ven oportunidades jugosas bajo el sello universitario.  Y las donaciones que reciben las universidades también están libres de cargas impositivas mientras que sus aportantes, en retribución por su filantropía, son agraciados con un 50% de descuento a la hora de rendir al fisco su porcentaje de Rentas. Como el Estado tiene nulo control sobre estos números y descansa apenas en la información que los centros deseen brindarle, hay un amplio margen para dibujar donaciones por el doble del monto real que permiten al aportante eximirse entonces no de la mitad sino de todo pago sobre su riqueza.

En este sentido, la rebelión estudiantil esta condenada. Más que un Golem, el gigante mercantil educativo parece una muñeca rusa mamushka que esconde siempre en su interior algún obstáculo mayor. No solo hace falta un espíritu inquebrantable: exige primero, una real voluntad política de desenmarañar un sistema donde se pretende que sean sus propios beneficiados los encargados de cambiar las reglas de juego con nuevas leyes. En definitiva, pretender que el genio se encierre en la lámpara nuevamente por voluntad propia cuando lo que aspira es a la ganancia de su libertad. Por supuesto, no es pecado soñar con la utopía. Después de todo, quien no lo hace, jamás puede triunfar.